La inactividad física se ha convertido en una auténtica pandemia silenciosa. Pasamos muchas horas sentados, utilizamos el coche incluso para trayectos cortos y las pantallas ocupan gran parte de nuestro tiempo de ocio. Aunque sabemos que movernos más mejora la salud y alarga la vida, más de la mitad de la población sigue sin alcanzar los niveles mínimos de actividad recomendados por los organismos internacionales.
Ante este panorama, las políticas de salud pública tienen un papel clave para darle la vuelta a esta situación. No se trata solo de animar a la gente a hacer deporte, sino de diseñar estrategias bien pensadas que faciliten una vida activa en todas las etapas vitales, en todos los entornos (escuela, trabajo, barrio, centros sanitarios…) y para todos los grupos sociales, prestando especial atención a las personas más vulnerables.
Por qué la actividad física es una prioridad de salud pública
La evidencia científica es abrumadora: mantenerse activo físicamente reduce el riesgo de enfermedades crónicas como la cardiopatía isquémica, los accidentes cerebrovasculares, la diabetes tipo 2, algunos tipos de cáncer y buena parte de los trastornos asociados al sobrepeso y la obesidad. Además, la actividad física regular ayuda a controlar la tensión arterial, mejora el perfil lipídico y contribuye a mantener un peso saludable.
Más allá de lo físico, el ejercicio tiene un efecto muy potente sobre la salud mental y el bienestar emocional. Se asocia con menos síntomas de ansiedad y depresión, mejor calidad del sueño, mayor sensación de energía y mejor funcionamiento cognitivo, especialmente en personas mayores. En este grupo, el trabajo multicomponente (fuerza, equilibrio y resistencia) ayuda a prevenir caídas, mejora la autonomía y retrasa la dependencia.
Desde la perspectiva metabólica, la actividad física actúa como un “medicamento” de amplio espectro. Mejora la sensibilidad a la insulina, ayuda a regular la glucosa en sangre en personas con diabetes o con riesgo de desarrollarla, favorece el mantenimiento de la masa muscular y ósea y contribuye a un mejor control de la obesidad. No es casual que sociedades científicas como la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición insistan en la “actividad física dirigida” como pieza central en la prevención y el tratamiento de patologías crónico-degenerativas.
También hay beneficios a nivel social y ambiental: las sociedades más activas usan menos combustibles fósiles y generan ciudades más amables. Cuando se fomenta caminar, ir en bicicleta o usar el transporte público, se reduce la contaminación, se descongestionan las carreteras y se mejora la seguridad vial. Estos cambios encajan de lleno con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y con la idea de ciudades saludables y sostenibles.
Recomendaciones internacionales y nacionales sobre actividad física
Las directrices actuales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) son claras: las personas adultas deberían realizar entre 150 y 300 minutos semanales de actividad física moderada, o bien entre 75 y 150 minutos de actividad vigorosa, o una combinación equivalente de ambas. Además, se recomienda incluir trabajo de fuerza al menos dos días por semana y, en el caso de personas mayores, actividades de equilibrio, coordinación y flexibilidad.
Los estudios muestran que incluso pequeños cambios, mantenidos en el tiempo, tienen un impacto real en la salud. Un ejemplo muy ilustrativo es el de un trabajo publicado en The Lancet, que apunta a que caminar solo cinco minutos más al día a un ritmo moderado (unos 5 km/h) puede asociarse a una reducción aproximada del 10% en el riesgo de muerte por cualquier causa. No hace falta empezar corriendo maratones: cualquier aumento de la actividad, bien planificado y realista, suma.
En España, se han elaborado recomendaciones específicas de Actividad Física para la Salud y Reducción del Sedentarismo dirigidas a la población general, basadas en la evidencia internacional. Estas guías, publicadas inicialmente en 2015 y actualizadas en 2022, detallan la cantidad, intensidad, frecuencia y duración de ejercicio aconsejable según grupos de edad e incluyen orientaciones sobre cómo reducir el tiempo de pantalla y el sedentarismo en el día a día.
Estas recomendaciones nacionales se acompañan de materiales de apoyo, como documentos completos e infografías, que facilitan la comprensión de los mensajes clave. Se incluyen, por ejemplo, tablas con actividades físicas clasificadas por intensidad para niños, adolescentes y adultos, que ayudan a traducir las orientaciones generales en acciones concretas: caminar a paso ligero, montar en bici, nadar, bailar, hacer tareas domésticas exigentes o practicar deportes estructurados.
Aun así, los estudios que analizan la percepción de responsables políticos, personal académico y perfiles clave en salud señalan una brecha preocupante: aunque la evidencia sobre los peligros del sedentarismo es muy sólida, las políticas para combatirlo siguen sin ocupar un lugar prioritario en muchas agendas públicas. A diferencia de lo que ocurre con otros factores de riesgo como el tabaco, donde hay normativas claras y campañas intensivas, la promoción de la actividad física avanza más despacio y de forma desigual.
Estrategias nacionales contra el sedentarismo y la inactividad física
En los últimos años se han impulsado en España distintas estrategias de alcance nacional que buscan situar la actividad física en el centro de las políticas públicas. Una de las más destacadas es la Estrategia Nacional de Fomento del Deporte contra el Sedentarismo y la Inactividad Física, integrada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia mediante una de sus reformas estructurales.
Esta estrategia parte de una idea sencilla pero potente: la actividad física regular es un motor de desarrollo social, cultural y económico, no solo un asunto sanitario. Incorporar el movimiento al día a día contribuye a prevenir enfermedades no transmisibles, mejora la salud mental y la calidad de vida, y a la vez genera entornos urbanos más limpios, seguros y habitables. Se trata de que en España “ser físicamente activo sea la norma y no la excepción”.
El contexto que impulsa esta Estrategia Nacional incluye varios elementos clave. Por un lado, la experiencia de la pandemia de COVID-19 puso sobre la mesa la importancia de llevar una vida activa; por otro, los organismos internacionales piden a los Estados que aprueben planes específicos contra el sedentarismo; y además finalizó el periodo del anterior “Plan Integral para la Actividad Física y el Deporte (Plan A+D)”, lo que abría la puerta a un nuevo marco de actuación.
El documento de la Estrategia profundiza en la relevancia de promover una vida activa en el contexto actual, repasa el marco legislativo y normativo internacional y define la visión, misión y valores que deben guiar todas las acciones. Tras esta base conceptual, se desarrollan líneas estratégicas, ejes de intervención y medidas concretas orientadas a facilitar el acceso a una práctica físico-deportiva de calidad, segura y más equitativa.
La finalidad última es que toda la población, con independencia de su edad, sexo, condición social o lugar de residencia, pueda acceder a oportunidades reales para moverse más. Para ello se contemplan actuaciones en coordinación con administraciones autonómicas y locales, el sistema educativo, los servicios de salud, el tejido deportivo y otros actores implicados. El objetivo no es solo aumentar el tiempo de ejercicio, sino transformar el entorno para que la opción más fácil y natural sea moverse.
La Estrategia de Promoción de una Vida Saludable en Andalucía
En el ámbito autonómico, algunas comunidades han desarrollado marcos muy completos. Un ejemplo es la Estrategia de Promoción de una Vida Saludable en Andalucía (EPVSA), aprobada por el Consejo de Gobierno andaluz en abril de 2024. Este documento, impulsado desde la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, persigue mejorar la salud y el bienestar de la población andaluza a través de intervenciones globales y sostenidas en el tiempo.
La EPVSA parte de un dato contundente: las enfermedades crónicas no transmisibles causan cerca del 71% de las muertes en el mundo, según la OMS. Sin embargo, muchos de los factores que las provocan son prevenibles. Apostar por políticas de promoción de la salud resulta más eficiente y menos costoso que centrarse solo en el tratamiento médico de los problemas una vez que ya han aparecido.
Esta estrategia andaluza plantea un enfoque integral basado en “todas las políticas y todos los entornos”. Es decir, busca incorporar la perspectiva de salud en el ámbito local, en los lugares donde la gente vive, estudia, trabaja y se relaciona, y tener muy presentes los determinantes sociales que generan desigualdades. También se propone reforzar los activos personales y comunitarios que ya existen, aprovechando recursos, redes y capacidades de la población.
La EPVSA se organiza en torno a varios grupos de hábitos positivos que se interrelacionan y que, en conjunto, construyen una vida más saludable: alimentación saludable, actividad física, sueño reparador, bienestar emocional, sexualidad responsable y uso positivo de las tecnologías (TRIC). No se abordan solo los riesgos, sino también los comportamientos que generan salud a lo largo de toda la trayectoria vital.
Dentro de este marco, la actividad física ocupa un lugar central. Se promueven niveles de movimiento acordes con las recomendaciones de la OMS, recordando que cualquier aumento de actividad es mejor que permanecer inactivos y que actividades sencillas como caminar o ir en bici pueden marcar la diferencia. La estrategia insiste en facilitar entornos (urbanos, laborales, educativos, comunitarios) que hagan más fácil elegir desplazamientos activos y ocio en movimiento frente al sedentarismo.
Ámbitos de intervención y programas en la Estrategia andaluza
Para pasar del papel a la práctica, la EPVSA despliega un amplio conjunto de programas sectoriales orientados a distintos entornos y grupos poblacionales. Muchos de ellos están ligados a la Red de Acción Local en Salud (RELAS), que impulsa iniciativas de promoción de hábitos saludables y redes de apoyo comunitario en municipios y barrios.
Entre los programas más relevantes se incluyen actuaciones en movilidad y transporte para facilitar los desplazamientos activos, proyectos de promoción de hábitos saludables en centros sanitarios y dispositivos de salud mental, intervenciones en centros educativos y universitarios, así como acciones específicas en centros de servicios sociales, de justicia juvenil, penitenciarios o de acogida temporal para inmigrantes.
Otro bloque importante lo conforman las alianzas con operadores económicos del ámbito de la alimentación, la restauración, el deporte y el ocio, para favorecer ofertas más saludables y accesibles. Se contemplan también campañas de difusión de información fiable sobre salud y medidas para frenar la publicidad de productos y actividades perjudiciales, así como la promoción de la formación, investigación e innovación en hábitos saludables.
Dentro del paquete de medidas destacan iniciativas como la Guía de recomendaciones sobre hábitos saludables en atención primaria, que propone un modelo asistencial en el Sistema Sanitario Público de Andalucía orientado a reforzar la actividad física y la alimentación equilibrada desde las consultas de rutina. También proyectos como la Red Andalucía Saludable, que agrupa a profesionales implicados en la promoción de la salud, o programas innovadores desarrollados en barrios concretos y centros educativos.
La Estrategia andaluza incorpora, además, mecanismos de seguimiento y evaluación estructurados. Se prevé la elaboración de informes periódicos por parte de la Oficina Técnica de Seguimiento y Evaluación, jornadas técnicas provinciales, indicadores estratégicos y de programa, y espacios de difusión para compartir resultados, aprender de las experiencias y ajustar las acciones cuando sea necesario.
El Plan de Actividad Física y Salud de Aragón
En Aragón se ha elaborado un Plan de Actividad Física y Salud concebido como un marco de gobernanza y colaboración interadministrativa. Este plan está promovido conjuntamente por los Departamentos de Educación, Cultura y Deporte, y de Sanidad, a través de sus Direcciones Generales de Deporte y de Salud Pública, con el objetivo de integrar de forma coherente las políticas de actividad física y salud.
El propósito principal es asentar las bases para impulsar la actividad física como elemento esencial de salud pública, mejorando la calidad de vida de la población aragonesa. Para ello, el proceso de elaboración del Plan se ha dividido en varias etapas, empezando por la creación de un grupo redactor con representantes de la administración sanitaria y deportiva, el Servicio Aragonés de Salud y las universidades de la región.
En una primera fase se definió la metodología de trabajo y se llevó a cabo una revisión exhaustiva de planes autonómicos, nacionales, europeos e internacionales. Esto permitió identificar buenas prácticas, experiencias exitosas y lecciones aprendidas que pueden adaptarse al contexto aragonés. A partir de ahí se concretaron la misión, la visión y los valores que debían orientar el Plan.
La misión incluye dos ejes clave: mejorar la gobernanza y crear entornos favorables al bienestar mediante estrategias innovadoras, intersectoriales y sostenibles, y sensibilizar a la población sobre los beneficios de la actividad física a lo largo de todas las etapas de la vida, con atención especial a los grupos vulnerables. La visión plantea una sociedad aragonesa más activa y saludable, donde el ejercicio se integre de forma natural en el estilo de vida y todos los agentes implicados cooperen desde criterios de equidad.
En una etapa posterior, el grupo redactor estructuró el plan en tres grandes áreas de trabajo: LIDERAR, HACER y CREAR CAPACIDAD. Para cada área se constituyeron grupos de coordinación que definieron objetivos específicos y líneas de actuación, con la participación de informantes clave de distintos sectores y siempre incorporando la perspectiva de género, de las etapas vitales y de las poblaciones vulnerables.
Áreas LIDERAR, HACER y CREAR CAPACIDAD en Aragón
El área LIDERAR se centra en la gobernanza del Plan de Actividad Física y Salud. Incluye actuaciones para establecer un liderazgo compartido entre los sectores de salud y deporte, crear estructuras de coordinación, establecer espacios de difusión y comunicación, impulsar la normativa necesaria y desarrollar sistemas de evaluación y análisis del nivel de ejecución del plan.
El área HACER agrupa las intervenciones más directamente ligadas a la práctica de actividad física en la población. Se orienta a tres grandes finalidades: mejorar o mantener el estado de salud, atender y controlar factores de riesgo, y favorecer la adherencia a la actividad física a lo largo de la vida (infancia, juventud, edad adulta y personas mayores). Se tienen en cuenta los distintos entornos en los que la gente se mueve: escuelas, trabajo, tiempo libre, comunidad, así como situaciones de especial vulnerabilidad física, psíquica o social.
Por su parte, el área CREAR CAPACIDAD persigue reforzar el conocimiento y las competencias relacionadas con la actividad física, el ejercicio y el deporte. Esto se traduce en iniciativas de investigación para generar evidencia sobre resultados en salud, programas formativos para profesionales de distintos sectores y el desarrollo de herramientas y sistemas de digitalización que apoyen el seguimiento, la prescripción y la evaluación de la actividad física.
En una quinta etapa del proceso, el objetivo fue aterrizar los objetivos en actuaciones concretas. Se invitó a participar a informantes clave seleccionados por su experiencia, su representación multisectorial y su conocimiento de ámbitos específicos, manteniendo en todo momento la perspectiva de equidad. De este modo se identificaron medidas ajustadas a la realidad aragonesa, pero alineadas con las recomendaciones internacionales.
El resultado es un plan que no se limita a recomendar “salir a hacer deporte”, sino que plantea cambios en la organización de los servicios, el diseño de entornos y la forma de trabajar de profesionales de la salud, el deporte, la educación y el ámbito comunitario, buscando que la actividad física esté presente de forma transversal en múltiples políticas públicas.
Integrar la actividad física en la atención sanitaria y la vida cotidiana
Una de las tendencias más claras en salud pública es la de integrar la actividad física en la atención clínica como si fuera un tratamiento más. Especialistas en endocrinología y nutrición resaltan que, pese a los grandes avances farmacológicos, la mejor forma de abordar muchas enfermedades sigue siendo evitar que aparezcan o retrasar su aparición mediante estilos de vida saludables.
Profesionales agrupados en iniciativas como el grupo GENEFSEEN de la SEEN insisten en que el ejercicio no solo sirve para “quemar calorías”, sino que tiene efectos profundos sobre el sistema metabólico, inmunológico y cognitivo. En personas mayores previamente sedentarias, programas de entrenamiento de resistencia durante un año han mostrado mejoras significativas en la capacidad aeróbica y el rendimiento cognitivo. En mayores de 65 años, la combinación de ejercicios de equilibrio, fuerza y resistencia reduce el riesgo de caídas y mejora la funcionalidad.
Además, existe una fuerte relación entre sedentarismo y aumento de enfermedades crónico-degenerativas, incluida la obesidad. Las personas muy inactivas suelen presentar una masa muscular disminuida, lo que predispone a dolores crónicos, pérdida de fuerza y peor salud general. A medida que avanza la edad, la asociación entre falta de actividad y riesgo cardiovascular se vuelve prácticamente exponencial.
La buena noticia es que la actividad física reporta beneficios a cualquier edad. Crear y consolidar el hábito es más sencillo si se empieza en la infancia o la juventud, pero incluso personas mayores o con patologías crónicas pueden obtener mejorías importantes en su presión arterial, peso, control glucémico y calidad de vida. La evidencia señala que hacer ejercicio en la juventud se asocia años después con mejor capacidad aeróbica, mayor densidad mineral ósea, menor masa grasa y menor riesgo de hipertensión y diabetes tipo 2.
En paralelo, se ha observado que el ejercicio mejora la tolerancia a determinados tratamientos oncológicos y puede influir en su pronóstico. De ahí que los programas de actividad física dirigida incluyan ahora objetivos más amplios: desarrollar fuerza muscular, capacidad aeróbica, flexibilidad y equilibrio para reforzar la funcionalidad global y el bienestar, más allá de la mera pérdida de peso.
Claves para unas políticas efectivas de promoción de la actividad física
Las distintas estrategias revisadas coinciden en que no basta con lanzar mensajes genéricos tipo “haz más ejercicio”. Para que las políticas sean efectivas, se requieren actuaciones coordinadas en varios niveles: normativo, comunitario, institucional y clínico, con recursos estables y evaluación continua.
Entre los elementos que marcan la diferencia destacan, por un lado, la coordinación entre administraciones y sectores (sanidad, educación, deporte, urbanismo, transporte, servicios sociales, mundo laboral). Por otro, la implicación de la población en el diseño de las medidas, aprovechando los activos comunitarios existentes y adaptando las intervenciones a las realidades de cada territorio.
También es fundamental mejorar la formación de los profesionales sanitarios y del ámbito deportivo para que puedan prescribir y acompañar la actividad física de forma realista, personalizada y segura. Esto incluye herramientas prácticas para valorar el nivel de actividad, detectar riesgos, proponer programas progresivos y hacer seguimiento, integrando el movimiento en la atención habitual en atención primaria y otros dispositivos.
En conjunto, todas estas políticas y programas apuntan a una idea compartida: construir una sociedad donde la opción fácil sea moverse y no quedarse quietos. Hacer que caminar al trabajo, subir escaleras, jugar en el parque, apuntarse a un club deportivo o participar en iniciativas comunitarias activas sea lo cotidiano. Y que la promoción de la actividad física esté respaldada por estrategias sólidas, evaluadas y sostenibles en el tiempo, capaces de reducir desigualdades y mejorar la salud y el bienestar de toda la población.
