Loreto Apellániz García, el temido verdugo de Valencia

  • Loreto Apellániz García pasó de funcionario de Correos y militante comunista a jefe del SIM en Valencia, controlando checas clave como la de Sorní y un amplio entramado de delatores.
  • La documentación de la Causa General le atribuye un sistema de torturas sistemáticas y extorsiones económicas, con colaboración de otros mandos, checas y asesores soviéticos vinculados al NKVD.
  • Valencia se convirtió en un foco de represión en retaguardia, con decenas de checas en tierra y barcos prisión, fusilamientos masivos en Paterna y una justicia de guerra ejercida por tribunales y comités populares.
  • Capturado en 1939 tras la entrada de las tropas franquistas, Apellániz fue juzgado en consejo de guerra, condenado a muerte y ejecutado, quedando como símbolo del terror republicano en la memoria franquista.

Checas y represión en Valencia

La figura de Loreto Apellániz García se ha convertido en uno de los símbolos más oscuros de la represión en la retaguardia republicana durante la Guerra Civil española, especialmente en la ciudad de Valencia. Su nombre aparece asociado a checas, torturas sistemáticas, expolios y una red de delación que convirtió a buena parte de la ciudad en un entramado de miedo y desconfianza, amparado por organismos como el Servicio de Investigación Militar (SIM) y el Departamento Especial de Información del Estado (DEDIDE).

Conviene tener presente, no obstante, que una parte muy relevante de lo que sabemos de él procede de documentación elaborada tras la contienda, como la Causa General instruida por el franquismo, por lo que abundan los testimonios de víctimas y adversarios políticos y apenas existen voces que lo maticen desde el otro lado. Aun así, el volumen de datos, nombres, lugares y métodos descritos permite reconstruir con bastante detalle cómo se articuló en Valencia un auténtico sistema de terror, extorsión y violencia política en el que Loreto Apellániz ocupó un papel protagonista.

Los orígenes de Loreto Apellániz: de funcionario anónimo a jefe revolucionario

Antes de la guerra, Loreto Apellániz era, al menos en apariencia, un ciudadano más bien discreto. Nacido en Logroño, en 1916 aprobó la oposición de funcionario de Correos, algo de lo que la prensa riojana de la época se hizo eco con júbilo, destacando su regreso exitoso desde Madrid. Curiosamente, esa misma oposición también la aprobó su hermano el mismo día, aunque los periódicos solo resaltaron el logro de Loreto.

Su trayectoria vital previa a 1936 muestra detalles que contrastan con la imagen posterior de verdugo. En 1923, logró evitar el servicio militar alegando ser hijo de viuda sin recursos y responsable de un hermano impedido, una excusa aceptada que le libró del alistamiento. Meses después, el 15 de diciembre de ese mismo año, contrajo matrimonio, según recogió el diario La Rioja.

Fuera de su trabajo, se dedicaba a la importación y distribución de películas extranjeras y militaba en el Partido Comunista de España (PCE). Las descripciones físicas coinciden en retratarle como un hombre alto, de complexión fuerte y semblante duro, con cara hosca que imponía respeto. Nada hacía presagiar, sin embargo, la metamorfosis que viviría con el estallido de la guerra.

Un detalle llamativo de su biografía es una fotografía aparecida en la revista Estampa en diciembre de 1933, donde Loreto aparece con su esposa acogiendo a dos jóvenes estudiantes de Fernando Poo, presentándose como benefactores de familias acomodadas de la isla. El contraste entre esa imagen pública de filantropía y la posterior fama de jefe de checa alimenta la idea de una carrera vital llena de giros bruscos, de “cartero y protector de jóvenes africanas” a uno de los represores más temidos de Valencia.

Ascenso en Valencia: Jefatura de Policía, SIM y red de delación

Con el golpe de Estado de julio de 1936 y el estallido de la Guerra Civil, Valencia se transformó rápidamente en uno de los centros neurálgicos de la retaguardia republicana. El 6 de noviembre de 1936 el Gobierno de la II República se trasladó desde Madrid a la capital del Turia, que pasó durante meses a ejercer como capital del Estado. En este contexto de caos, militarización y llegada masiva de refugiados y funcionarios, se consolidaron organismos revolucionarios y aparatos represivos de nuevo cuño.

En agosto de 1936, la Jefatura de Policía de Valencia recayó en manos de Gonzalo Navacerrada, capitán de Infantería, y Loreto Apellániz, por entonces oficial de Correos y delegado del Partido Comunista en la provincia. Desde este puesto, según la Causa General, ambos impulsaron destituciones de agentes considerados “de derechas”, los sustituyeron por militantes izquierdistas afines y se implicaron en detenciones, saqueos y ejecuciones extrajudiciales de detenidos sacados de los calabozos para ser fusilados en lugares como el Saler o Paterna.

El aparato represivo valenciano fue evolucionando en tres grandes fases: el dominio inicial del Comité Ejecutivo Popular (CEP); la etapa de protagonismo anarquista (CNT-FAI) y del DEDIDE, dependiente del ministro Ángel Galarza; y, finalmente, la hegemonía del Servicio de Información Militar (SIM), organizado por Indalecio Prieto. Es en esta última fase donde el nombre de Loreto Apellániz destaca con más fuerza.

Según la documentación franquista y diversos historiadores, Apellániz llegó a ser el máximo responsable del SIM en Valencia y, de facto, de una buena parte de la policía al servicio del Frente Popular en la región. Bajo su mando se integraron checas, brigadas de investigación, unidades de transporte de detenidos y una compleja red de confidentes, muchos de ellos vecinos forzados a colaborar, incluso de derechas coaccionados, que convertían cada barrio en un foco de vigilancia continua.

Una de las características que más se le atribuyen es haber diseñado una “delación científica”: un entramado de informadores y fichas con el que aspiraba a controlar cualquier actividad sospechosa en Valencia. Se pretendía identificar desde quintacolumnistas hasta simples católicos practicantes, ampliando el espectro de sospecha a cualquiera que no se alineara con el sector comunista dominante.

Loreto Apellániz García, el temido verdugo de Valencia

El entramado de checas en Valencia y la posición de Apellániz

La represión en la retaguardia valenciana se articuló a través de decenas de checas, locales de partidos, conventos requisados y hasta barcos prisión. En la región de Valencia (provincias de Alicante, Castellón y Valencia) se han documentado 55 checas en tierra y 10 barcos convertidos en centros de detención, con alrededor de 6.200 asesinados, según algunos autores, en todo el periodo.

En la ciudad de Valencia y su entorno inmediato funcionaron, entre otros, los siguientes centros: el Gobierno Civil, el colegio de los Escolapios de la calle Carniceros (Preventorio nº 1 del SIM), el Seminario Conciliar, el Seminario de los Trinitarios de Quart de Poblet, conventos como el de las Salesas o San Julián, la Iglesia de los Santos Juanes, locales del Partido Comunista, sedes de CNT y FAI y checas específicas en calles como Sorní, Nicolás Salmerón, Grabador Esteve, Sagunto, Bailia o el Grao.

La checa de la calle Sorní, número 7, fue uno de los epicentros más temidos. Ocupaba el antiguo palacete conocido como Casa Corell y llegó a actuar como una especie de cuartel general de la represión, primero dependiente del DEDIDE y más tarde plenamente integrada en el SIM. En torno a ella giraban otros centros conectados, como la checa del chalé Villa Rosa o las Escuelas Pías.

Los documentos señalan que el mando nominal del SIM en Sorní recayó en el mayor de Artillería Atilano Sierra, descrito como un oficial más pendiente de su comodidad y su coche de lujo que del trabajo de campo. En la práctica, el poder real lo ejercía Loreto Apellániz, que no dudaba en enfrentarse a autoridades militares, judiciales o civiles si sus decisiones chocaban con los intereses del SIM, coaccionando e imponiendo su criterio.

Además de Sorní, se citan como centros clave bajo la influencia del SIM de Apellániz: el chalé Villa Rosa (conocido por las fiestas y orgías de los agentes), las Escuelas Pías, la checa del Grao de Valencia, instalaciones como el Picadero de Paterna (lugar de fusilamientos masivos) o los barcos prisión Legazpi, Mar Cantábrico, Cabo Palos o Rita Sister, donde se mezclaban reclusión, malos tratos y sacas de presos para su ejecución.

Métodos de terror: torturas, emparedamientos y simulacros de fusilamiento

La Causa General y los testimonios recogidos describen con pelos y señales cómo el sistema de Apellániz no se limitó a detenciones arbitrarias, sino que desarrolló métodos de tortura reglamentados, al estilo de la policía política soviética, con la supuesta participación de asesores extranjeros vinculados al NKVD. En Valencia, se menciona a figuras como el ruso Peter Sonin (Schaja Kindemann) y su esposa Berta, que habrían intervenido como técnicos en interrogatorios.

En la checa de la calle Sorní, la tortura dejó de ser algo ocasional para convertirse, según las fuentes franquistas, en una especie de “procedimiento administrativo”. Uno de los casos más citados es el del aristócrata Federico Espinosa de los Monteros, sometido durante tres meses a palizas y tormentos. Se relata que fue atado a una silla y se le retorcieron los testículos hasta provocarle una grave orquitis.

Otros testimonios, como el de Vicente Martín-Villalba, describen presos colgados del techo sometidos al suplicio del “calienta pies”: se colocaba un brasero de carbones encendidos bajo los pies desnudos del detenido mientras se le apaleaba. También se habla de astillas de caña introducidas bajo las uñas con ayuda de un martillo, golpes constantes en oídos, nariz, mandíbula y labios, e incluso agresiones tan extremas como arrancar el cuero cabelludo de una joven tirando violentamente de su melena.

La checa de Santa Úrsula, instalada en la cripta de un antiguo convento, se hizo tristemente famosa por encerrar reclusos en nichos de la cripta, obligándoles a dormir entre restos humanos. El abogado Jesús Domingo, por ejemplo, pasó veinticuatro días en este lugar y, según se recoge, salió envejecido prematuramente, con el pelo blanco y el sistema respiratorio seriamente dañado.

Entre las prácticas habituales descritas por los testigos se encuentran los emparedamientos en calabozos minúsculos sin luz, donde a veces se hacinaban dos o tres personas durante días, obligadas a hacer sus necesidades en el mismo espacio. Se mencionan también simulacros de ejecución, llevados a cabo especialmente de noche en las afueras de la ciudad, para quebrar psicológicamente al detenido.

Los agentes del SIM recurrían a duchas heladas o hirvientes alternadas, esposas con pinchos interiores que laceraban las muñecas, sesiones de privación de sueño mediante interrogatorios encadenados y situar a los prisioneros en habitaciones con el suelo levantado, obligándoles a apoyar sus pies ya heridos sobre ladrillos en vertical. Algunas víctimas acababan en el manicomio, otras trataban de suicidarse en cuanto llegaban a la Cárcel Modelo, destrozadas por el terror acumulado.

Extorsión económica y complicidades: oro, joyas y vidas compradas

Más allá del objetivo político, las fuentes subrayan que el enriquecimiento personal fue un componente esencial en la actuación de Loreto Apellániz y su entorno. Se describe una maquinaria de extorsión que combinaba la detención de personas acomodadas con un sofisticado sistema de chantaje, en ocasiones en connivencia con figuras del mundo jurídico local.

Uno de los episodios más llamativos es la supuesta colaboración entre Apellániz y el Decano del Colegio de Abogados de Valencia. El esquema, tal y como se narra en la documentación franquista, funcionaba así: primero se detenía a un individuo de buena posición económica, que era encerrado en calabozos inmundos y sometido a palizas periódicas durante meses, sin que se le tomara declaración o se aclarase su situación.

Pasado un tiempo, agentes del SIM se presentaban ante la familia con una actitud aparentemente compasiva, sugiriendo que la única salida pasaba por la intermediación del citado Decano. Este, a su vez, exigía, según esos relatos, oro, diamantes, monedas extranjeras o joyas, argumentando que la moneda republicana pronto perdería su valor. A cambio, prometía hacer desaparecer expedientes, facilitar la puesta en libertad o evitar un posible fusilamiento.

Mientras tanto, se señala que Loreto y sus colaboradores llevaban un tren de vida escandaloso para una ciudad en guerra, organizando fiestas en lugares como el chalé Villa Rosa, donde se reunían con “informadoras” y amantes, a costa de los bienes incautados a sus víctimas. La paradoja más cruel del sistema es que, en ocasiones, en esos mismos sótanos donde se celebraban las juergas se torturaba a los familiares de quienes habían pagado rescates cuantiosos.

El SIM, bajo la dirección de Apellániz, habría requisado un número ingente de automóviles de propietarios acomodados. Estos vehículos se utilizaban tanto para los servicios de represión (traslado de detenidos, sacas nocturnas) como para uso personal, desplazamientos de ocio y transporte de todo tipo de objetos saqueados en registros domiciliarios: radios, mobiliario, ropa, alimentos, obras de arte y cualquier bien susceptible de mejorar su modo de vida.

La experiencia en las checas y barcos prisión: voces de los testigos

Entre los testimonios recogidos en la Causa General destaca el del médico Joaquín Fenollosa Armengot, detenido en agosto de 1936. Relata que fue llevado primero al Gobierno Civil, luego al buque-prisión Cabo Palos y posteriormente al Legazpi. En el Cabo Palos, según cuenta, el trato fue relativamente correcto gracias a la presencia de carabineros y oficiales de derechas que se negaban a permitir asesinatos a bordo.

En el Legazpi, en cambio, la situación fue muy distinta. Hacinados en la bodega, sin poder salir ni siquiera para sus necesidades, muchos de los aproximadamente seiscientos detenidos sufrieron continuos saqueos de sus pertenencias. Se constituyó allí una especie de tribunal chequista integrado por elementos de Pozoblanco y algunos de Valencia, encargados de seleccionar a los que serían sacados para su ejecución, normalmente en el campo de deportes del Grao conocido como “El Corcho”.

Loreto Apellániz García, el temido verdugo de Valencia

Fenollosa describe cómo el 29 de agosto de 1936 se llevaron a 29 detenidos, entre ellos el general Salamero, el capitán de Ingenieros Fontana y el capitán de Infantería Pacheco Santana, todos asesinados ese mismo día. Relata también palizas brutales y humillaciones, como el rapado de cabeza y afeitado a la fuerza del general Salamero por marineros del Almirante Antequera.

Tras sobrevivir de manera casi milagrosa a estas sacas, Fenollosa fue nuevamente detenido en julio de 1938 y conducido esta vez a la sede del SIM en Sorní 7, bajo responsabilidad de Atilano Sierra y la llamada Brigada Comunista que mandaba Loreto Apellániz. Relata que allí fue sometido a un interrogatorio de cuatro horas, plagado de golpes y agresiones por parte de una quincena de individuos, entre los que cita expresamente a Apellániz, Pérez Pico, Montesinos, Ortolá y otros.

Después fue trasladado a la checa de las Escuelas Pías, dependiente también del SIM. Cuenta que, tras una primera fase sin malos tratos graves, se le incomunicó totalmente del exterior y se le obligó a trabajar como albañil, cargando sacos y ladrillos hasta el extremo de sobrepasar sus fuerzas. Habla de emparedamientos, reclusión prolongada en cuartos oscuros, arranque de uñas, duchas alternas de agua fría y caliente, y un uso sistemático del insomnio como arma de represión.

En la planta baja de esa checa, según su testimonio, se concentraba un grupo de mujeres detenidas por el SIM, sobre las que se habrían cometido múltiples abusos sexuales y amenazas contra sus familias. Otros testigos confirman que madres, esposas o hermanas eran presionadas para mantener relaciones con los agentes con el fin de salvar a sus parientes de una muerte segura.

El contexto de la violencia en Valencia: CEP, tribunales populares y fusilamientos

La actuación de Loreto Apellániz y sus hombres no fue un fenómeno aislado, sino que se insertó en un entramado político y represivo más amplio. Tras el verano de 1936, en Valencia se constituyó el Comité Ejecutivo Popular (CEP), del que dependía el Departamento de Seguridad o Salud Pública, con capacidad para detener, juzgar y ordenar fusilamientos. También se creó la Comisaría de Orden Público, dirigida por Navacerrada, con misiones de control de movimientos de personas y mercancías.

Las milicias de partidos y sindicatos del Frente Popular actuaban inicialmente con gran autonomía. Más tarde se incorporaron a la llamada Guardia Popular Antifascista (GPA), conocida popularmente como “La Guapa”, que asumió funciones de policía gubernativa y orden público. A raíz de simples denuncias de cualquier ciudadano o miliciano contra un vecino sospechoso de ser católico o “de derechas”, era usual que se produjesen registros domiciliarios, detenciones y traslados a checas.

La mera presencia de imágenes religiosas en el domicilio, o la ausencia de un aval por parte de alguna organización del Frente Popular, podía bastar para ser puesto bajo la lupa del aparato represivo. Esta dinámica multiplicó las detenciones ilegales, allanamientos y extorsiones económicas, creando un caldo de cultivo perfecto para ajustar cuentas personales, rencillas vecinales o codicia pura y dura.

En septiembre de 1936 se formaron en Valencia los Tribunales Populares, encargados de juzgar a militares y civiles considerados desafectos a la República. El presidente fue Luis de Cisneros, acompañado de varios magistrados y fiscales entre los que destacó Enrique García Torres. La Causa General enumera decenas de nombres de jueces, secretarios y abogados que habrían expresado particular dureza contra los acusados de derechas.

Paralelamente, se creó el Tribunal Especial de Espionaje y Alta Traición, con figuras como Vidal Gil Tirado o Joaquín Jover Solves. Todo ello configuraba una justicia de guerra sumaria, que, según los documentos franquistas, imponía de forma casi binaria absoluciones o penas de muerte, con escasa documentación escrita y un uso discrecional del poder.

La otra cara de la represión: Paterna, fosas comunes y memoria

Uno de los escenarios más trágicos vinculados a la represión en la provincia fue el Picadero de Paterna. Allí, primero milicianos y fuerzas republicanas, y más tarde el ejército franquista, llevaron a cabo fusilamientos masivos de religiosos, políticos de derechas, sospechosos de republicanismo y todo tipo de prisioneros. En el Registro Civil de Paterna constan al menos 2.250 actas de defunción relacionadas con estas ejecuciones.

En los primeros meses de guerra, monjas, sacerdotes y laicos vinculados a la Iglesia católica fueron ejecutados, en ocasiones tras haber pasado por checas como las de Santa Úrsula, Bailia o el Seminario. Los muros de Paterna se convirtieron en símbolo del horror para ambos bandos: en la posguerra, el régimen franquista ejecutó allí también a numerosos republicanos condenados en consejos de guerra sumarísimos.

Tras la guerra, el tema de las fosas comunes ha sido uno de los puntos más delicados de la memoria histórica. En Valencia, el movimiento memorialista ha reclamado durante décadas la investigación de las fosas del cementerio municipal, como la número 7, donde yacen restos de víctimas de la represión franquista, pero también, en menor cuantía, de religiosos y personas asesinadas por el bando republicano. Se han impulsado iniciativas para colocar placas con los nombres de los fusilados y para contrastar los datos mediante registros civiles y archivos.

La apertura del debate sobre la memoria histórica en España, especialmente desde los años 2000, ha sacado a flote sensibilidades muy enfrentadas. La Comunidad Valenciana, con su papel central durante la Guerra Civil, se ha convertido en un espacio donde chocan las narrativas sobre las víctimas de la represión republicana —como las atribuidas a Apellániz— y las de la represión franquista posterior. Este contexto explica en buena parte la intensidad con que se discute la figura de Loreto Apellániz en el presente.

El ocaso del SIM valenciano y la ejecución de Loreto Apellániz

Con el avance de las tropas franquistas en el frente mediterráneo y la caída paulatina de la zona republicana, la situación en Valencia entró en su tramo final a comienzos de 1939. El 25 de febrero de 1939, el Gobierno de Negrín celebró su última reunión en la llamada “posición Yuste”, en una villa cercana a Elda, mientras la descomposición interna del bando republicano se aceleraba.

En marzo de 1939, las tropas nacionales entraron en Valencia. Según relatan las fuentes franquistas, buena parte de la población recibió con alivio la caída del aparato represor que había operado en la ciudad los dos años anteriores. Loreto Apellániz fue detenido pocos días después de la ocupación, junto a numerosos miembros de su brigada y de los servicios del SIM, incluidos agentes y responsables de checas como Sorní, Villa Rosa o las Escuelas Pías.

Apellániz fue sometido a un Consejo de Guerra Permanente, en el que se presentaron como pruebas los testimonios de las víctimas, la documentación recogida en la Causa General y los propios sumarios “rojos” en los que los acusados reconocían la existencia de malos tratos, reclusiones ilegales, simulacros de fusilamiento, requisas, violaciones y asesinatos. El fiscal de la Causa General en Valencia, Leopoldo Castro Boy, firmó en 1943 un extenso informe sobre las checas valencianas en el que el nombre de Apellániz aparece una y otra vez como figura clave.

Según esas fuentes, prácticamente todos los miembros de la cúpula del SIM en Valencia —entre ellos muchos agentes citados en las listas de personal, como Isidro Ortolá, Ildefonso Delvalle, Enrique Vicioso, Vicente Rodríguez, Antonio Rubio o Manuel Payás— fueron condenados y ejecutados tras juicios sumarísimos. Se hace constar que, de la larga nómina de agentes del SIM, solo uno, Alfredo García Conejos, habría escapado de la pena capital.

Loreto Apellániz fue finalmente condenado a muerte y fusilado en 1939, a los pocos días de la entrada del ejército franquista en Valencia. La documentación franquista insiste en presentarlo como “el más cruel de los agentes republicanos”, un paradigma del terror soviético implantado en España. Aunque la perspectiva de estas fuentes es claramente parcial, la acumulación de episodios de violencia, nombres de víctimas y detalles de torturas refuerza su imagen de verdugo de Valencia.

La historia de Loreto Apellániz García, tal y como ha sido reconstruida a partir de la Causa General y de investigaciones posteriores, dibuja un retrato estremecedor de la represión en la retaguardia republicana valenciana: un funcionario de Correos que, en el contexto de una guerra civil brutalizada y de la llegada a Valencia de los aparatos de seguridad del Frente Popular, se convierte en uno de los engranajes principales de un sistema de checas, delaciones y torturas, en el que se mezclan fanatismo ideológico, afán de poder, corrupción económica y una violencia que alcanzó cotas de sadismo difíciles de asimilar, dejando una huella de miedo, muerte y rencor que aún hoy sigue pesando en la memoria colectiva.


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