La potencia científica y el estado de la investigación en España viven un momento tan interesante como contradictorio. Nuestro país ha dado un salto enorme en producción de conocimiento en pocas décadas, se ha consolidado en el mapa internacional y ha demostrado durante la pandemia que su sistema científico sabe reaccionar. Pero al mismo tiempo arrastra problemas crónicos de financiación, precariedad laboral, evaluación ineficiente y falta de conexión con el tejido productivo que lastran su impacto real.
Si miramos los datos con calma, vemos una foto compleja: aumenta el gasto en I+D, crece el número de investigadores y la producción científica se dispara, pero seguimos por debajo de la media de la OCDE y de la Unión Europea en inversión, generamos menos patentes de las que correspondería por nuestro peso económico y buena parte del talento se marcha fuera en busca de mejores condiciones. Vamos a desgranar, con calma pero sin anestesia, cómo está realmente la ciencia en España y qué retos tiene por delante.
Gasto en I+D en España: avances claros, pero todavía insuficientes
En los últimos años se ha producido un aumento sostenido de los recursos destinados a investigación y desarrollo, con un punto de inflexión claro alrededor de 2020. Ese año, el esfuerzo en I+D alcanzó el 1,41 % del PIB, rozando el máximo histórico de 2010 (1,4 %). Es una mejora apreciable tras los recortes de la crisis financiera, pero la comparación internacional pone los pies en el suelo.
Mientras España invierte ese 1,41 % del PIB en I+D, el conjunto de países de la OCDE se mueve en torno al 2,68 % y la Unión Europea ronda el 2,20 %. Es decir, vamos por la buena dirección, pero seguimos claramente por debajo del pelotón al que decimos querer parecernos. Si miramos a referentes como Alemania, la distancia se agranda: los alemanes se sitúan cerca del 3 % del PIB, el doble que España.
Dentro de ese esfuerzo global, el sector empresarial y las instituciones privadas sin fines de lucro (IPSFL) han ganado peso de forma notable. En 2020, empresas e IPSFL concentraron el 55,9 % del gasto total en I+D, porcentaje superior al que tenían en 2010 y 2015. Este dato indica que, poco a poco, el tejido productivo privado va asumiendo un rol más relevante en la financiación de la ciencia, aunque todavía queda mucho camino por recorrer para acercarse a los países donde la inversión privada lidera de forma clara el esfuerzo investigador.
En paralelo, el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación actúa como principal herramienta de la Administración General del Estado para canalizar ayudas a la I+D+I y ejecutar la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación (EECTI) 2021‑2027. Esta estrategia se articula en dos planes estatales (2021‑2023 y 2024‑2027) que agrupan convocatorias en régimen de concurrencia competitiva, diseñadas para financiar proyectos, contratos de personal, infraestructuras y acciones de transferencia de conocimiento.
Personal investigador: crecimiento, feminización parcial y precariedad
Uno de los pilares del sistema son las personas. En 2020, España contaba con 231.769 trabajadores dedicados a actividades de I+D, casi 9.800 más que en 2010. Es una cifra que refleja el aumento del peso de la ciencia en la economía, pero también supone una gran responsabilidad: no basta con formar investigadores, hay que ofrecerles condiciones dignas y estables.
La distribución de género muestra una realidad ambivalente. Por un lado, se ha incrementado la presencia de mujeres en I+D, apoyada por iniciativas como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y en algunos sectores incluso superan el 50 % del personal. En la administración pública, la cuota femenina alcanza alrededor del 53,7 %, mientras que en empresas e instituciones privadas sin ánimo de lucro apenas llega al 31,8 %. Es decir, las mujeres se concentran mucho más en el sector público que en el privado, justo donde los sueldos y las carreras suelen ser menos competitivos en términos de mercado.
En las universidades y en el sistema de educación superior la situación es algo más equilibrada pero aún imperfecta. En 2019, aproximadamente el 43,4 % de los investigadores universitarios eran mujeres. Por campos científicos, se aprecia una mejora de la presencia femenina en ciencias médicas, agrarias, sociales y humanidades; en cambio, en ciencias exactas y naturales, ingeniería y tecnología, la participación de mujeres se estanca o incluso retrocede.
Si miramos a las tesis doctorales, entre 2015 y 2020 en torno al 48,5 % de las tesis leídas fueron defendidas por mujeres. Iniciativas que impulsan el talento joven, como la Olimpiada de Geología, ayudan a alimentar esa cantera. Sin embargo, en áreas clave para la transformación digital y productiva la brecha sigue siendo muy marcada: informática (apenas un 20 % de doctorandas), ingeniería, industria y construcción (algo más del 32 % de mujeres) o negocios, administración y derecho (cerca del 40 %). Es decir, justo en los ámbitos más estratégicos para el futuro económico del país, el talento femenino está claramente infrarepresentado.
Más allá de las cifras globales, organizaciones como la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) o asociaciones de investigadores en el exterior insisten en otro punto crítico: la precariedad y la inestabilidad laboral. Muchos científicos disponen de sueldo, sí, pero carecen de una financiación estable y predecible para poder planificar sus líneas de trabajo a medio y largo plazo. Los proyectos competitivos son la vía casi exclusiva para conseguir recursos materiales y humanos, pero los fondos son escasos y los plazos, cortos y erráticos.
Esta situación alimenta la conocida “fuga de cerebros”. Entre 2010 y 2015, más de doce mil investigadores abandonaron España buscando mejores condiciones en otros países, especialmente en entornos como Estados Unidos, donde el apoyo institucional, la colaboración público‑privada y los incentivos a la excelencia están más consolidados. A ello se suma la burocracia compleja y lenta para acceder a plazas estables, lo que muchos científicos describen como un auténtico “vía crucis” administrativo.
Producción científica: mucha cantidad, liderazgo universitario y dudas sobre la excelencia
Si hay un terreno donde España ha destacado en las últimas décadas es en la cantidad de publicaciones científicas. Desde la aprobación de la primera Ley de la Ciencia (13/1986) y el desarrollo de políticas científicas modernas tras la transición democrática, el volumen de artículos producidos por instituciones españolas se ha disparado.
Entre 1981 y 2003, el número de trabajos científicos firmados desde España pasó de apenas 3.382 a 24.737, un incremento superior al 600 %. En ese mismo intervalo, la aportación española al total mundial subió del 0,8 % al 3,1 %. Ya en periodos más recientes, entre 2016 y 2020 se registró una tasa de crecimiento de la producción del 30,54 % respecto al quinquenio anterior. En torno a 2020, España se sitúa como la duodécima potencia mundial por volumen de publicaciones, contribuyendo aproximadamente al 3,6 % de la producción global.
Las universidades son con diferencia el principal motor de esta producción. Generan cerca del 60 % de los artículos científicos españoles y concentran una proporción elevada del personal investigador. En torno a 2020, el 46,2 % de los investigadores del país trabajaba en el sector de educación superior, un porcentaje muy por encima de la media de la UE‑27 (algo más del 32 %). Existen empresas e instituciones privadas sin fines de lucro, la presencia de investigadores se queda alrededor del 38,3 %.
En términos territoriales, la actividad científica se concentra sobre todo en unas pocas comunidades autónomas. Madrid sigue liderando la producción de conocimiento con algo más del 27 % del total, seguida de Cataluña (alrededor del 25 %), Andalucía (casi el 16 %) y la Comunidad Valenciana (en torno al 12 %). Esta concentración refleja, entre otros factores, la ubicación de las grandes universidades, hospitales de referencia y centros de investigación punteros.
Sin embargo, cuando se analiza la calidad y el impacto de las publicaciones la foto es menos complaciente. En el quinquenio 2016‑2020, aproximadamente el 14,8 % de los artículos con participación española se situaba entre el 10 % más citado del mundo. No es un mal dato, pero se observa una tendencia preocupante: ha descendido tanto el porcentaje de trabajos liderados por investigadores españoles como la proporción de publicaciones que destacan por su excelencia a escala internacional.
Indicadores más exigentes, como la presencia en el 1 %, 0,1 % o incluso el 0,02 % de artículos más citados del mundo, muestran que la contribución española a los avances científicos de frontera es relativamente pequeña. Comparaciones con países como Reino Unido o Países Bajos, o con universidades punteras de Estados Unidos, revelan diferencias abismales cuando se mide el número de publicaciones en ese 0,02 % más citado por millón de habitantes. Mientras esos países rondan las 2,9 o 3 publicaciones por millón, España se queda alrededor de 0,25; es decir, unas diez veces menos.
En otras palabras: en volumen global “casi aprobamos”, pero en aportación a los descubrimientos realmente transformadores el suspenso es evidente. Este patrón también se refleja en un indicador extremo, pero ilustrativo: los premios Nobel. Las instituciones españolas apenas aparecen vinculadas a los grandes galardones científicos en comparación con centros europeos o estadounidenses, lo que confirma esa falta de masa crítica en la ciencia de frontera.
Calidad, evaluación y el problema de la cultura del “publicar por publicar”
Una parte importante de los analistas coincide en que el sistema español de I+D ha estado demasiado orientado a premiar la cantidad de artículos antes que su calidad o su impacto real en el avance del conocimiento y en la sociedad. Esta dinámica tiene raíces en la propia forma de evaluar la carrera investigadora y asignar recursos.
Desde finales de los años 80, con la creación de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI), se impulsó un modelo que, en su primera etapa, sirvió para aumentar significativamente el número de publicaciones. Más tarde, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) o incluso el CSIC consolidaron evaluaciones basadas en criterios simplificados, muy centrados en el factor de impacto de las revistas donde se publican los trabajos.
Este tipo de evaluación ha sido duramente criticado por vulnerar los principios básicos de la bibliometría. La correlación positiva entre número de citas y relevancia científica es razonable a nivel de artículos individuales, pero el factor de impacto es una media de la revista, no una medida de la calidad de cada trabajo. Ejemplos ilustrativos muestran que un artículo con muchas citas en una revista con factor de impacto medio puede ser, objetivamente, mucho más influyente que otro con pocas citas pero publicado en una cabecera de prestigio.
Cuando se recompensa sistemáticamente publicar en revistas de alto factor de impacto, se incentiva una estrategia conservadora: producir muchos trabajos de bajo riesgo y escaso impacto real, pero que encajan bien en las métricas de evaluación. Investigar en la verdadera frontera del conocimiento es más arriesgado y puede implicar fracasos o largos periodos sin resultados publicables; en un sistema que penaliza los “huecos” en el currículum, pocos se atreven a asumir ese riesgo.
Todo ello acaba traduciéndose en un sistema que, a pesar de contar con investigadores competentes, funciona de forma ineficiente en términos de aportación al avance científico global. Los datos del 0,02 % de artículos más citados y la escasa presencia en premios y reconocimientos internacionales de alto nivel son síntomas claros de este problema estructural.
Investigación universitaria: recursos, especialización y transferencia
Las universidades españolas son el núcleo duro del sistema científico. En 2020, el gasto en I+D en educación superior alcanzó los 4.202 millones de euros. Dentro de esa cantidad, las universidades públicas ejecutaron cerca del 89 % del gasto, mientras que las universidades privadas se quedaron en torno a un 7,3 %. Es decir, el peso de lo público sigue siendo abrumador en la investigación universitaria.
Si se analiza el esfuerzo en I+D en relación con el PIB regional, el País Vasco, la Comunidad de Madrid y Cataluña aparecen como las comunidades que más invierten proporcionalmente. Sin embargo, cuando solo se observa el gasto en I+D del sector de educación superior, destacan otras regiones como Andalucía, Murcia o Castilla y León, que destinan una porción relevante de su presupuesto autonómico a reforzar sus universidades como motores de conocimiento.
En cuanto a la distribución temática del gasto universitario en I+D, el mapa es relativamente equilibrado. En torno a 2020, aproximadamente el 22,7 % del presupuesto se dirigía a ingeniería y tecnología, el 25,9 % a ciencias sociales, el 19,3 % a ciencias exactas y naturales, alrededor del 12,1 % a humanidades y artes, cerca del 16,6 % a ciencias médicas y el 3,5 % a ciencias agrarias y veterinarias. Es decir, coexisten disciplinas fuertemente orientadas a la innovación tecnológica con campos más humanísticos y sociales, todos ellos necesarios para abordar los retos complejos del siglo XXI.
Pese a este papel central, las universidades no son todavía el socio preferente de las empresas cuando toca colaborar en actividades de I+D. Muchas compañías españolas, especialmente las pymes, optan antes por cooperar con otras empresas privadas fuera de su grupo que con universidades u organismos públicos de investigación. En 2021, únicamente un 31 % de las empresas podía considerarse activa en innovación, frente al 49 % de promedio en la OCDE, lo que evidencia un ecosistema de innovación todavía débil.
Este distanciamiento tiene consecuencias directas: en 2020 se registró una caída global de la financiación privada de la I+D universitaria en torno al 7 % respecto al año anterior. Llama la atención que, mientras tanto, en las universidades privadas la aportación empresarial sí aumentó hasta situarse en torno al 5,6 % de su I+D, lo que sugiere que el tejido productivo se siente a veces más cómodo colaborando con centros privados que con los públicos, a pesar de que estos últimos ejecutan la inmensa mayoría de la investigación académica.
Los expertos apuntan a la necesidad de reforzar programas que ya existen para estrechar la relación universidad‑empresa, como las ayudas Torres Quevedo para la contratación de doctores en empresas o los doctorados industriales. Estas herramientas permiten que el personal investigador pase tiempo en el sector privado, conozca sus necesidades y facilite la transmisión de conocimiento en ambos sentidos.
No obstante, la transferencia de resultados sigue siendo una de las “asignaturas pendientes” del sistema. Aunque en 2020 las universidades lograron captar 634 millones de euros mediante contratos de I+D y colaboración con terceros (un aumento del 9 % respecto al año anterior) y se crearon 70 spin‑offs, los acuerdos de propiedad intelectual y la creación de empresas de base tecnológica todavía no son vías consolidadas de transferencia en muchas Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI). Se espera que las nuevas legislaciones y las reformas en marcha simplifiquen los trámites y doten a estas oficinas de más recursos y capacidad de gestión.
Innovación empresarial, patentes y el eslabón débil de la transferencia
Cuando se compara la ciencia española con su capacidad de innovación, aparece de nuevo una brecha bien conocida: el país produce mucha investigación académica pero transforma relativamente poco de ese conocimiento en tecnología, patentes y productos o servicios de alto valor añadido.
Los datos de patentes internacionales son claros: España ocupa posiciones muy por detrás de lo que le correspondería por su peso económico. En determinados rankings globales, el país se sitúa alrededor del puesto 17 en generación de patentes, bastante lejos del top‑10 que sí alcanza en producción de artículos científicos. Es una muestra palmaria de que el salto desde el laboratorio al mercado no acaba de producirse con la intensidad necesaria.
Durante la pandemia de COVID‑19 se vio con claridad esta contradicción. Por un lado, la comunidad científica española reaccionó con rapidez, participó en múltiples consorcios internacionales, generó datos, desarrolló ensayos clínicos y aportó conocimiento relevante sobre el virus y sus efectos. Por otro, la falta de planificación estable en áreas críticas como el cáncer o las enfermedades crónicas quedó al descubierto. Muchos centros de investigación oncológica se vieron obligados a funcionar “al ralentí” durante meses, redirigiendo recursos a medidas anti‑COVID, lo que se tradujo en retrasos estimados de medio año o más en diferentes líneas de trabajo.
Expertos en investigación oncológica insisten en que, aunque los fondos específicos para cáncer no se redujeron drásticamente durante la crisis sanitaria, no existe una estrategia nacional de investigación en cáncer suficientemente clara y a largo plazo. En un país donde cada año se diagnostican más de 275.000 casos y donde se espera que esta enfermedad sea la primera causa de muerte a nivel mundial en 2030, no tener un plan de I+D en cáncer sólido y estable supone un riesgo evidente. Además, esos retrasos afectaron también a líneas de investigación en otras patologías neurodegenerativas como el avance del Alzheimer.
La falta de una cultura fuerte de colaboración público‑privada y de planificación estratégica de largo recorrido tiene consecuencias también en la competitividad internacional. Mientras España invierte en torno al 1,2‑1,4 % del PIB en I+D, países como Corea del Sur triplican ese esfuerzo y han logrado construir auténticas potencias tecnológicas. Paradójicamente, con esa diferencia de inversión, los científicos españoles publican más y con mayor impacto académico que los surcoreanos, pero quedan muy por detrás en capacidad de patentar y convertir el conocimiento en innovación tangible. Esta debilidad afecta, además, a recursos estratégicos y a la autonomía tecnológica, por ejemplo en sectores como las tierras raras.
Asociaciones de científicos españoles en el extranjero apuntan además a otros obstáculos específicos: falta de reconocimiento, incentivos escasos y una burocracia muy pesada para poner en marcha proyectos, firmar contratos o acceder a plazas estables. Todo ello desincentiva la creación de empresas de base tecnológica y dificulta que el talento formado aquí decida quedarse para emprender o innovar en el propio país.
Planes, leyes y el eterno debate sobre el modelo de sistema científico
En los últimos años se han sucedido diferentes reformas legales y planes estratégicos con la intención declarada de modernizar la ciencia española, mejorar su gobernanza y facilitar la transferencia. La Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación (EECTI), los sucesivos Planes Estatales y las propuestas para una nueva Ley de la Ciencia buscan, al menos sobre el papel, dotar al sistema de estabilidad, simplificar trámites, reforzar la Agencia Estatal de Investigación y garantizar una financiación progresivamente creciente.
Sin embargo, buena parte de la comunidad investigadora critica que muchas de estas iniciativas no afrontan de raíz los problemas estructurales. Se cuestiona, por ejemplo, la idea de que exista una especie de “paradoja” española (o europea) según la cual tenemos un nivel científico excelente pero fallamos en la transferencia. Algunos analistas señalan que, en realidad, el nivel de excelencia en la frontera del conocimiento no es tan alto como se proclama y que, si no se generan avances de primer nivel, es difícil que haya un flujo potente de innovaciones disruptivas hacia la economía.
Desde esta óptica, centrarse casi exclusivamente en arreglar la transferencia sin revisar los mecanismos de evaluación, incentivos y organización del sistema de I+D podría ser un error. Si el sistema empuja a los investigadores a publicar mucho y arriesgar poco, y si las estructuras institucionales no están pensadas para fomentar proyectos ambiciosos y de largo alcance, cualquier ley que no toque estos cimientos se quedará corta.
Al mismo tiempo, organizaciones como COSCE reclaman un Pacto de Estado por la Ciencia que blinde la financiación y reduzca la dependencia de los vaivenes políticos. Piden que la Agencia Estatal de Investigación disponga de un presupuesto plurianual y estable, con un nivel de autonomía suficiente respecto al gobierno de turno, y que las decisiones de política científica se tomen escuchando de verdad a la comunidad investigadora, no solo utilizándola como aval simbólico.
En este contexto, la evaluación rigurosa de la información también es clave. Algunas oficinas administrativas han difundido análisis exageradamente optimistas, que ponen el énfasis en estadísticas poco selectivas y alimentan una narrativa triunfalista que no casa bien con los datos de excelencia o de transferencia. Para tomar buenas decisiones de política científica se necesitan diagnósticos realistas, sin maquillaje, que reconozcan tanto los logros como las carencias.
Mirando el conjunto, la ciencia española se mueve en una especie de equilibrio inestable: con resultados notables en volumen de producción y una presencia internacional mucho mayor que hace unas décadas, pero también con una transferencia a la economía por debajo de su potencial, con tasas insuficientes de excelencia en la frontera del conocimiento y con una estructura laboral frágil que empuja a miles de investigadores a buscar estabilidad fuera. El margen de mejora es amplio, y la oportunidad, enorme: si se combina una financiación equiparable a la media europea con reformas de calado en evaluación, carrera investigadora y colaboración con las empresas, España podría transformar en innovación y bienestar social buena parte del talento y el esfuerzo que ya está volcando en su sistema científico.
