MĆ”s de una dĆ©cada despuĆ©s de las primeras denuncias, el conocido como ācriadero de los horroresā de Melgar de Fernamental vuelve a ocupar el centro de la actualidad judicial en Burgos. Este martes, 1 de septiembre, estĆ” previsto que el principal acusado se siente por fin en el banquillo del Juzgado de lo Penal nĆŗmero 2 para responder por una larga lista de hechos relacionados con el maltrato continuado de decenas de perros.
El proceso llega tras aƱos de inspecciones del Seprona, avisos vecinales, expedientes administrativos y rescates por parte de asociaciones protectoras, que llevaban tiempo reclamando una intervenciĆ³n contundente. El caso se ha convertido en un sĆmbolo del debate sobre cĆ³mo reaccionan las administraciones y la Justicia ante situaciones graves de abandono y crueldad hacia los animales.
Un criadero bajo la lupa desde 2013
La historia de este criadero en Melgar de Fernamental, en la provincia de Burgos, arranca oficialmente en 2013, cuando el Seprona comenzĆ³ a vigilar las instalaciones para comprobar si se cumplĆa la normativa higiĆ©nico-sanitaria y de bienestar animal. Desde entonces se fueron acumulando actas, denuncias y expedientes por deficiencias reiteradas.
SegĆŗn la Guardia Civil, la licencia ambiental del centro autorizaba la presencia de un mĆ”ximo de 75 perros, pero en diferentes inspecciones se llegĆ³ a contar hasta 147 animales: 97 adultos y 50 cachorros, una cifra que duplicaba con creces lo permitido. Muchos presentaban una delgadez extrema, enfermedades sin tratar y carecĆan de atenciĆ³n veterinaria adecuada, algo que varias fuentes coinciden en seƱalar.
Con el paso del tiempo, los hƔbitos negligentes del criador no solo afectaron a los perros. Vecinos y habitantes del municipio denunciaron la suciedad generalizada, los olores persistentes, las deposiciones acumuladas mezcladas con restos de comida y la presencia de plagas de parƔsitos en el entorno, generando un notable malestar en la localidad.
Las organizaciones de protecciĆ³n animal, especialmente Proanbur y Justicia y Defensa Animal, comenzaron a hacer pĆŗblica la situaciĆ³n de forma insistente. Sus comunicados, concentraciones y campaƱas buscaron que el caso no quedase en meras sanciones administrativas y empujaron a reclamar una actuaciĆ³n firme sobre el criadero.
Inspecciones decisivas y el papel del Seprona
A partir de 2019 la presiĆ³n se intensificĆ³. Ese aƱo, el Seprona de la Guardia Civil, acompaƱado de una veterinaria de la Junta de Castilla y LeĆ³n, llevĆ³ a cabo una inspecciĆ³n en la que se volvieron a constatar las graves condiciones del centro. Varios perros tuvieron que ser retirados de inmediato debido a su mal estado de salud.
En ese mismo periodo se comprobĆ³ el deficiente estado general de los cheniles y de los animales, y se detuvo al criador por maltrato animal, retirĆ”ndole inicialmente cuatro perros en situaciĆ³n crĆtica. Posteriormente fue arrestado de nuevo por la estafa en la venta de un perro y otra vez mĆ”s por persistir el maltrato y el abandono en sus instalaciones.
Las actuaciones no se quedaron ahĆ. Meses despuĆ©s de esa intervenciĆ³n, se produjeron nuevos rescates y controles, y durante las inundaciones de noviembre de 2019 varios voluntarios participaron en la evacuaciĆ³n de decenas de perros para evitar que quedaran atrapados en unas instalaciones ya de por sĆ muy deterioradas.
Todas estas intervenciones se enmarcaron en lo que la Guardia Civil bautizĆ³ como OperaciĆ³n Chenilbur, un dispositivo que, segĆŗn las diferentes fuentes consultadas, supuso un punto de inflexiĆ³n para pasar de los expedientes administrativos a un abordaje penal del caso.
El desmantelamiento del criadero en 2020
La actuaciĆ³n definitiva se produjo en febrero de 2020, cuando la Guardia Civil, bajo mandamiento judicial, registrĆ³ varias propiedades vinculadas al acusado: dos domicilios, una finca y el propio criadero. Para entonces, la situaciĆ³n habĆa empeorado todavĆa mĆ”s, hasta el punto de que distintas crĆ³nicas describen el escenario como āestremecedorā.
En las instalaciones se localizaron perros hacinados entre excrementos, sin agua ni comida suficiente, junto a cadƔveres de otros animales. Los agentes hallaron tambiƩn restos de perros en un contenedor de plƔstico que funcionaba como vertedero, y algunas necropsias posteriores detectaron indicios de canibalismo entre los propios animales.
Uno de los momentos mĆ”s impactantes de la intervenciĆ³n fue el descubrimiento, en una vivienda, de decenas de canes encerrados en pĆ©simas condiciones y la localizaciĆ³n de cachorros muertos, incluido un pequeƱo dentro de una bolsa en el congelador. La Guardia Civil ha insistido en que las necropsias confirmaron que muchas muertes estaban vinculadas a un abandono total y prolongado.
En conjunto, la operaciĆ³n permitiĆ³ la retirada judicial de 86 perros supervivientes y dos gatos, animales que quedaron bajo la tutela de diversas entidades y familias de acogida. AdemĆ”s, en distintas inspecciones previas se habĆan recuperado otros perros que precisaban atenciĆ³n veterinaria urgente por su estado crĆtico.
Rescate, rehabilitaciĆ³n y esfuerzo de las protectoras
El cierre del criadero no puso fin al problema, sino que abriĆ³ una nueva etapa centrada en la recuperaciĆ³n fĆsica y emocional de los animales supervivientes. Proanbur y otras asociaciones se hicieron cargo de la atenciĆ³n veterinaria, la rehabilitaciĆ³n y la bĆŗsqueda de hogares para los perros y gatos rescatados.
Desde la protectora burgalesa insisten en que muchos de estos animales llegaron con secuelas graves: desnutriciĆ³n, enfermedades crĆ³nicas, miedo intenso y trastornos de conducta derivados de aƱos de maltrato y hacinamiento. La recuperaciĆ³n de buena parte de ellos requiriĆ³ tratamientos prolongados y una importante inversiĆ³n de tiempo y recursos.
La asociaciĆ³n recalca que tuvo que asumir gastos veterinarios y de manutenciĆ³n muy elevados durante meses, costeados en buena medida gracias al apoyo econĆ³mico de particulares y a la colaboraciĆ³n de clĆnicas veterinarias, voluntariado y casas de acogida. Hablan de un āextraordinario esfuerzo humano y econĆ³micoā para que esos animales pudieran empezar una vida digna.
Paralelamente, el caso contribuyĆ³ a movilizar a la ciudadanĆa mĆ”s allĆ” de la provincia de Burgos. Concentraciones, campaƱas de denuncia y difusiĆ³n en redes sociales hicieron que el ācriadero de los horroresā se convirtiera en un referente para reclamar cambios en la respuesta institucional ante el maltrato animal.
La fuga del propietario y la bĆŗsqueda internacional
Mientras avanzaban las actuaciones sobre el terreno, el principal investigado tomĆ³ otro rumbo. Pocos dĆas antes de los registros de febrero de 2020, el dueƱo del criadero abandonĆ³ EspaƱa, lo que obligĆ³ a redirigir el procedimiento hacia una bĆŗsqueda internacional que se prolongĆ³ durante mĆ”s de cinco aƱos.
El Juzgado de InstrucciĆ³n nĆŗmero 2 de Burgos dictĆ³ entonces una orden internacional de detenciĆ³n y extradiciĆ³n, y a travĆ©s de Interpol se emitiĆ³ una āRed Noticeā para solicitar la cooperaciĆ³n de cuerpos policiales de otros paĆses en la localizaciĆ³n del fugitivo.
Los trabajos del Seprona y de otras unidades permitieron ubicar inicialmente al investigado en una regiĆ³n de MĆ©xico y, aƱos despuĆ©s, en Venezuela. Finalmente fue detenido en este Ćŗltimo paĆs y, tras un proceso de trĆ”mites judiciales y burocrĆ”ticos que se alargĆ³ durante mĆ”s de un aƱo, las autoridades venezolanas lo entregaron a EspaƱa.
El acusado llegĆ³ a territorio espaƱol a finales de febrero y desde entonces ha permanecido en prisiĆ³n preventiva para evitar una nueva fuga, dadas sus antecedentes de evasiĆ³n. Expertos en Derecho Animal han subrayado que la emisiĆ³n de una orden internacional en un caso de maltrato animal constituye un precedente relevante en la persecuciĆ³n de este tipo de delitos.
Los delitos que se juzgan y los antecedentes penales
Identificado en las diligencias por sus iniciales, el propietario del criadero se enfrenta ahora a acusaciones de maltrato animal continuado en su modalidad agravada y de alzamiento de bienes o frustraciĆ³n de la ejecuciĆ³n, al haber puesto supuestamente propiedades a nombre de familiares para eludir la acciĆ³n de la Justicia.
Las penas solicitadas por estos delitos pueden incluir prisiĆ³n, multas econĆ³micas e inhabilitaciĆ³n especial para ejercer profesiones, oficios o comercios relacionados con animales, asĆ como para su tenencia durante un largo periodo. La Guardia Civil ya habĆa reclamado en su dĆa la revocaciĆ³n de la licencia ambiental del criadero y la clausura definitiva de las instalaciones.
Antes incluso de abandonar EspaƱa, el acusado acumulaba antecedentes por atentado, intrusismo profesional, quebrantamiento de condena y maltrato animal, segĆŗn recogen distintas resoluciones. Estos antecedentes forman parte del contexto con el que el tribunal valora ahora la responsabilidad penal en el caso del criadero de Melgar.
El procedimiento que arranca supone, en la prĆ”ctica, la culminaciĆ³n de mĆ”s de diez aƱos de denuncias, inspecciones y actuaciones judiciales. Se trata de una vista oral muy esperada por las asociaciones personadas, que han batallado para que el caso no quedara sin respuesta por la ausencia prolongada del principal investigado.
Un sĆmbolo en la lucha contra el maltrato animal
Para entidades como Proanbur, la importancia de este juicio va mĆ”s allĆ” del propio acusado. La asociaciĆ³n insiste en que lo ocurrido en Melgar de Fernamental debe servir para mejorar la coordinaciĆ³n entre administraciones, fuerzas de seguridad y organizaciones de protecciĆ³n animal cuando se detecten casos graves de abandono o crueldad.
A lo largo de estos aƱos, los colectivos implicados han reclamado una respuesta mĆ”s rĆ”pida, coordinada y eficaz ante las denuncias, subrayando que las seƱales de alarma se acumulaban desde hacĆa tiempo antes de que se tomaran medidas definitivas. Para ellos, el caso ilustra hasta quĆ© punto los retrasos institucionales pueden traducirse en sufrimiento prolongado para los animales.
Las asociaciones recuerdan tambiĆ©n que detrĆ”s de los expedientes, cifras y actuaciones hay animales concretos: perros que padecieron hambre, enfermedades, hacinamiento y abandono; algunos murieron sin llegar a ser rescatados y otros, gracias a la intervenciĆ³n final, pudieron empezar una nueva vida en hogares de adopciĆ³n.
Con el inicio de la vista oral en Burgos, protectoras, voluntariado y ciudadanos que han seguido el caso durante aƱos confĆan en que la Justicia depure las responsabilidades que correspondan y envĆe un mensaje claro frente al maltrato animal. Al mismo tiempo, insisten en que la experiencia de Melgar de Fernamental debe impulsar cambios que eviten que una situaciĆ³n similar pueda repetirse en el futuro.
Todo este recorrido, desde las primeras inspecciones en 2013 hasta el juicio actual, ha convertido al ācriadero de los horroresā en un referente incĆ³modo pero necesario: un recordatorio de lo que sucede cuando fallan los controles y de lo que puede lograrse cuando la presiĆ³n social, la labor de las protectoras y la acciĆ³n judicial terminan convergiendo para rescatar a los mĆ”s vulnerables.