La Guardia Civil ha puesto en marcha una investigación sobre un vecino de Adamuz (Córdoba) tras localizar a un perro muerto en el interior de un turismo estacionado en una calle del municipio. El caso, que ha sido asumido por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), se instruye como un presunto delito de maltrato animal con resultado de muerte.
Según ha informado el propio instituto armado, los hechos han destapado graves incumplimientos en materia de bienestar animal y en la normativa que regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos, al comprobarse que el animal no estaba identificado ni contaba con la documentación exigida por ley.
Hallazgo del perro sin vida en el interior del vehículo
La intervención se produjo el 19 de marzo, cuando la Central Operativa de Servicios de la Guardia Civil recibió el aviso de un ciudadano que alertaba de la presencia de un perro encerrado en el interior de un turismo estacionado en la vía pública de Adamuz. El aviso ponía de manifiesto que el animal llevaba un tiempo dentro del coche y no respondía.
Al llegar al lugar indicado, los agentes comprobaron que el perro, de raza mestiza y catalogado como potencialmente peligroso, se encontraba en el asiento trasero del vehículo, totalmente inmóvil. El animal aparecía suspendido por una correa atada a su collar, lo que aumentó la sensación de urgencia ante un posible riesgo vital.
Ante la escena, los guardias civiles valoraron la situación como una emergencia que requería acceso inmediato al interior del coche. Para intentar auxiliar al perro, los agentes procedieron a fracturar una de las lunas del turismo y accedieron al habitáculo trasero con el fin de comprobar si aún era posible reanimarlo.
Una vez dentro, los efectivos verificaron que el animal no presentaba constantes vitales. Pese a la rapidez de la actuación, el perro ya había fallecido cuando los agentes lograron alcanzarlo, por lo que no se pudo hacer nada por su vida.
Hasta el lugar se desplazó un facultativo veterinario del municipio, que certificó oficialmente la muerte del animal. En presencia de las autoridades locales que acudieron a la zona, se levantó el acta de inspección ocular, en la que se recogieron las circunstancias en que fue hallado el perro y el estado del vehículo.
Actuación del Seprona e identificación del propietario
Tras el levantamiento del acta y la primera intervención sobre el terreno, el caso fue asumido por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, especializado en infracciones relacionadas con el medio ambiente y la protección de los animales. Este servicio inició las diligencias para esclarecer las circunstancias de la muerte del perro y determinar posibles responsabilidades penales y administrativas.
En el marco de la investigación, los agentes del Seprona lograron identificar y localizar al propietario del vehículo y del animal. Las comprobaciones realizadas permitieron constatar que el perro carecía del preceptivo microchip identificativo, obligatorio para todos los animales de compañía en España y esencial para acreditar su titularidad y trazabilidad.
Además, los guardias civiles verificaron que el dueño no disponía de la licencia municipal para la tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos (PPP), requisito imprescindible para poder convivir legalmente con perros incluidos en esa categoría. Tampoco contaba con el obligatorio seguro de responsabilidad civil ni con la inscripción del animal en el correspondiente registro municipal.
Estos hechos suponen, según la normativa vigente, incumplimientos muy graves tanto en materia de bienestar animal como en la regulación específica sobre PPP. La falta de identificación, la ausencia de licencia y la carencia de seguro y registro incrementan el riesgo para la seguridad pública y dificultan el control administrativo de este tipo de animales.
Diligencias penales y sanciones administrativas
Por todo lo ocurrido, la Guardia Civil ha instruido diligencias penales remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Montoro, al considerar que los hechos podrían ser constitutivos de un presunto delito de maltrato animal con resultado de muerte. La calificación se apoya en lo previsto en el artículo 340 bis del Código Penal, que recoge diferentes supuestos de maltrato a animales domésticos y las penas asociadas.
Paralelamente a la vía penal, los agentes del Seprona han tramitado denuncias administrativas por infracciones muy graves contra la normativa de bienestar animal. Entre ellas se incluyen la falta de microchip identificativo, la ausencia de licencia municipal para PPP, la inexistencia de seguro de responsabilidad civil y la no inscripción del perro en el registro oficial correspondiente.
Este tipo de infracciones puede conllevar multas de elevada cuantía y otras medidas accesorias, como la inhabilitación para la tenencia de animales o la retirada de los mismos en casos extremos, siempre en función de la gravedad de los hechos y de la valoración que realicen las autoridades competentes.
El procedimiento judicial abierto deberá aclarar si existió negligencia, abandono o un trato incompatible con la vida y la integridad del animal, así como determinar el grado de responsabilidad del investigado. Por el momento, la Guardia Civil se limita a confirmar la investigación en curso y las actuaciones remitidas a la autoridad judicial.
Obligaciones legales y recordatorio sobre el bienestar animal
En relación con este caso, la Guardia Civil ha aprovechado para recordar a la ciudadanía las obligaciones legales que conlleva la tenencia de animales de compañía. Entre ellas destaca la necesidad de garantizar unas condiciones mínimas de bienestar, proporcionándoles agua, alimento adecuado, un espacio seguro y una atención veterinaria básica.
El instituto armado subraya también el riesgo que supone dejar a un animal encerrado en el interior de un vehículo, especialmente durante largos periodos de tiempo o en días calurosos; incluso algunas razas de perros que soportan mejor el calor no están a salvo, ya que el interior de un turismo puede incrementar rápidamente la temperatura corporal y causar golpes de calor.
En el caso concreto de los perros catalogados como potencialmente peligrosos, la normativa española y autonómica exige requisitos adicionales: identificación mediante microchip, licencia municipal específica para el propietario, seguro de responsabilidad civil con cobertura mínima fijada por ley e inscripción del animal en el registro municipal que corresponda.
Estas medidas tienen como finalidad no solo velar por el bienestar del propio animal, sino también reforzar la seguridad de las personas y facilitar la trazabilidad del perro en caso de incidentes, pérdida o abandono. El caso de Adamuz vuelve a poner sobre la mesa la importancia de cumplir escrupulosamente con todas estas obligaciones.
La Guardia Civil, a través del Seprona, mantiene activa la vigilancia sobre posibles incumplimientos de la normativa de bienestar animal en todo el territorio, animando a cualquier ciudadano que detecte un posible caso de maltrato o abandono a comunicarlo a los servicios de emergencia o a los propios agentes.
Este suceso en Adamuz se ha convertido en un ejemplo claro de cómo un aviso vecinal, una rápida intervención policial y una investigación posterior pueden sacar a la luz tanto un posible delito de maltrato animal como importantes carencias en el cumplimiento de las normas que regulan la tenencia de animales potencialmente peligrosos, reabriendo el debate social sobre la responsabilidad que implica convivir con un animal de compañía.