Cuando hablamos de desastres naturales y desarrollo sostenible no estamos ante dos mundos separados, sino ante dos caras de la misma moneda. Terremotos, inundaciones, sequías o huracanes no se convierten en catástrofes por sí solos: lo que los transforma en tragedia es cómo nos organizamos como sociedad, dónde construimos, qué nivel de pobreza arrastramos y qué tipo de desarrollo económico hemos impulsado. Dicho claro: la naturaleza desencadena el evento, pero el desastre lo fabricamos en buena medida nosotros.
En las últimas décadas se ha ido imponiendo la idea de que “los desastres no son naturales”. Esta frase, muy usada en el ámbito académico, subraya que un desastre es ante todo un fenómeno social: una alteración profunda del funcionamiento normal de una comunidad, que paraliza su vida cotidiana, provoca pérdidas humanas y materiales y exige una respuesta extraordinaria para volver a la normalidad. A partir de aquí, la gran pregunta es cómo encaja todo esto con el objetivo de un desarrollo sostenible que, como recuerda el Banco Mundial, debe satisfacer las necesidades presentes sin poner en riesgo las de las generaciones futuras.
Qué es realmente un desastre y por qué no es tan “natural”
En el ámbito de la gestión del riesgo se considera que un desastre es el resultado de la interacción entre tres elementos: el peligro (el fenómeno físico), la vulnerabilidad (qué tan expuesta y frágil está la sociedad) y el nivel de capacidad para responder. Autores como Cardona definen el desastre como un acontecimiento social detonando por un evento natural o antrópico que interrumpe gravemente las condiciones de funcionamiento de una comunidad e impide que esta continúe con sus actividades habituales.
Desde esta perspectiva, un huracán en mitad del océano es solo un peligro natural; se convierte en desastre cuando impacta en una ciudad mal planificada, con viviendas precarias, sin sistemas de alerta temprana ni infraestructuras resilientes. Lo mismo ocurre con las inundaciones: no es igual un río que desborda en un espacio protegido que una crecida en una llanura llena de barrios informales construidos sin planificación alguna.
De ahí surge el debate entre dos grandes enfoques clásicos. Por un lado, el enfoque más centrado en el comportamiento geofísico, que pone el foco en el evento natural (un terremoto, una erupción, un ciclón) y en las soluciones estructurales (presas, diques, muros, normas de construcción) que permitirían reducir el impacto físico. Bajo esta lógica, la población queda en un segundo plano y se asume que basta con seguir las instrucciones técnicas de expertos.
Por otro lado está el enfoque del desarrollo, impulsado por autores como A. Lavell, que sostiene que los desastres son sobre todo el reflejo de problemas no resueltos del desarrollo: pobreza crónica, falta de inversión social, degradación ambiental, mala distribución de la riqueza, urbanización descontrolada y ausencia de regulación eficaz. En este marco, el desastre es menos un castigo de la naturaleza y más un síntoma de decisiones (o ausencias de decisión) políticas y económicas.
La teoría de la sociedad del riesgo global, de Ulrich Beck, encaja bien aquí: vivimos en una “segunda modernidad” dominada por riesgos generados por nuestra propia acción, desde la energía nuclear o las industrias químicas hasta las manipulaciones genéticas. El riesgo deja de ser algo dado por la naturaleza y pasa a entenderse como un producto social, construido por nuestras tecnologías, nuestras instituciones y nuestro modelo de desarrollo.
Conceptos clave: peligros, vulnerabilidad y riesgo
La Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD) y las Naciones Unidas han ido afinando una terminología común para hablar de estos temas. Entenderla ayuda a ver por qué la gestión del riesgo es un componente del desarrollo sostenible y no un añadido de última hora.
Se llaman peligros naturales a fenómenos como terremotos, volcanes, tsunamis, ciclones tropicales y otras tormentas intensas, tornados, vientos fuertes, inundaciones fluviales y costeras, incendios forestales y la bruma de humo que generan, tormentas de arena y polvo o plagas. Son procesos físicos que pueden ocurrir tanto si hay personas cerca como si no.
La vulnerabilidad es el grado de fragilidad o resistencia de un sistema socioeconómico frente a esos peligros. Depende de factores humanos: dónde y cómo construimos, qué nivel de pobreza o desigualdad existe, qué calidad tienen las infraestructuras, cómo funciona la administración pública, qué nivel de organización social y comunitaria hay y cuánta consciencia existe sobre los riesgos. La pobreza aparece sistemáticamente como una de las causas fundamentales de vulnerabilidad en casi todas las regiones del mundo.
El riesgo, por su parte, es la probabilidad de que un peligro cause daño, teniendo en cuenta tanto la intensidad del evento como la vulnerabilidad de la sociedad afectada. Evaluar el riesgo implica cuantificar esa probabilidad, estimar impactos posibles y determinar qué nivel de riesgo consideramos aceptable, algo que no es solo técnico, sino también político y ético.
Cuando un peligro natural impacta en una comunidad con alta vulnerabilidad y baja capacidad de respuesta, hablamos de desastre natural en sentido socioeconómico: un nivel de daño tal que la sociedad no puede gestionarlo con sus medios ordinarios. La EIRD también incluye aquí los desastres tecnológicos y ambientales cuando están vinculados a un peligro natural (por ejemplo, una inundación que provoca un vertido químico), porque en la práctica los impactos se solapan.
Desastres y desarrollo sostenible: una relación de ida y vuelta
La experiencia de las últimas décadas demuestra que los desastres son una amenaza directa al desarrollo sostenible. Entre 1960 y 2000 se registró un aumento notable en la frecuencia, severidad e intensidad de los desastres, sobre todo en los años noventa. Las pérdidas en vidas humanas, infraestructuras y ecosistemas frágiles han sido enormes, y cada gran desastre retrocede o congela avances sociales y económicos que han costado años construir.
Cuando se produce una catástrofe grave, una buena parte de los recursos públicos se desvía a la respuesta de emergencia y la reconstrucción, en vez de destinarse a inversión social, educación, salud o infraestructuras estratégicas. Si este patrón se repite, la capacidad de los Estados —ricos y pobres— para sostener su propio desarrollo termina agotándose. En países con alta pobreza, la espiral es todavía más cruel: el desastre agrava la pobreza, la pobreza aumenta la vulnerabilidad y, por tanto, crece el riesgo de nuevos desastres.
Por eso el enfoque actual insiste en pasar de un modelo centrado en “protegerse del peligro” a otro que integra la gestión del riesgo en las políticas de desarrollo. No se trata solo de tener buenos servicios de emergencia, sino de que la planificación territorial, la vivienda, la gestión de recursos naturales, la política social o la regulación urbana asuman desde el inicio la reducción de riesgos como un objetivo más.
Desde la óptica del desarrollo sostenible, definido por el Banco Mundial como aquel que satisface las necesidades presentes sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras, el riesgo de desastres es un límite muy real: si no se reduce, estamos comprometiendo de forma directa el bienestar de las próximas generaciones y la viabilidad de los propios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Algunos autores, como Gallopín, han advertido que convertir el desarrollo sostenible en una lista rígida de objetivos de gestión del riesgo puede llevar a visiones demasiado estandarizadas, centradas en la optimización y la estabilización, que no siempre casan bien con la complejidad social y política de la gestión del riesgo. Aun así, hay un consenso amplio en que sin políticas decididas de reducción de riesgo no habrá desarrollo sostenible real.
Evolución internacional: de Yokohama a Hyogo y Sendai
La comunidad internacional lleva más de tres décadas intentando encajar la reducción de desastres dentro de la agenda de desarrollo. Un hito clave fue el Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales (DIRDN, 1990-1999), que sirvió para pasar de una lógica puramente reactiva a un enfoque más preventivo y de gestión del riesgo.
Sobre esa experiencia se construyó la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD), que recoge ideas de la Estrategia de Yokohama de 1994 y del documento “Un mundo más seguro en el siglo XXI: reducción de desastres y riesgos”. La visión central de la EIRD es clara: construir sociedades capaces de resistir frente a los peligros naturales y a los desastres tecnológicos y ambientales, reduciendo pérdidas humanas, económicas, sociales y ambientales.
Para lograrlo, la EIRD se apoya en cuatro pilares básicos: aumentar la conciencia pública sobre los riesgos y las soluciones; conseguir compromisos firmes de las autoridades; fomentar redes y alianzas multidisciplinarias e intersectoriales; y mejorar el conocimiento científico sobre las causas y efectos de los desastres. Todo ello, siempre con la idea de integrar la reducción del riesgo en las políticas de desarrollo sostenible y no dejarla como un apéndice.
En 2005, la Segunda Conferencia Mundial sobre Reducción de Desastres, celebrada en Kobe (Japón), dio lugar al Marco de Acción de Hyogo, que reforzó esta lógica y aportó un programa detallado para ayudar a los países a reforzar sus capacidades. Además, se subrayó la necesidad de incorporar la perspectiva de género en toda la gestión del riesgo: evaluación, alerta temprana, educación, información y toma de decisiones. Esto conectaba con la Plataforma de Acción de Beijing y con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, especialmente el de igualdad de género.
El paso más reciente es el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015‑2030, que estableció siete metas concretas, entre ellas reducir de forma sustancial la mortalidad global por desastres, bajar el número de personas afectadas, disminuir las pérdidas económicas (en proporción al PIB mundial) y los daños a infraestructuras y servicios básicos, aumentar el número de países con estrategias nacionales y locales de reducción del riesgo, mejorar la cooperación internacional y ampliar el acceso a sistemas de alerta temprana multirriesgo y a información sobre riesgos.
En paralelo, la Asamblea General pidió a la EIRD reforzar la cooperación internacional frente al fenómeno de El Niño y las variaciones climáticas, así como potenciar los sistemas de alerta temprana como eje central de la reducción de desastres, vinculando esa tarea con los procesos de cambio climático de alcance global. En este sentido, iniciativas como la inversión en satélites para prevención pueden mejorar la vigilancia y la detección temprana de peligros (ejemplo de inversión en satélites).
ODS, pandemias y otros riesgos globales
El concepto moderno de desarrollo sostenible se popularizó tras la Comisión Brundtland de 1987, que buscaba conciliar crecimiento económico y frenazo a la degradación ecológica. En 2015, esta idea se plasmó en la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que abarcan desde la erradicación de la pobreza hasta la acción por el clima, pasando por salud, educación, ciudades sostenibles o igualdad.
Dentro de los ODS existe ya un cierto espacio para la mitigación de riesgos: por ejemplo, el ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles) incluye metas explícitas para reducir las muertes por desastres y disminuir el impacto ambiental urbano. Sin embargo, la agenda ha tendido a concentrarse en riesgos ambientales ligados al cambio climático y a la degradación del entorno, mientras que otros riesgos globales, como las pandemias o determinados riesgos tecnológicos, han recibido menos atención cuantificable.
El ODS 3 (Salud y bienestar) tiene 13 metas y 28 indicadores, pero solo uno —el 3.d— se refiere de forma directa a la mitigación de riesgos sanitarios: reforzar la capacidad de todos los países para la alerta temprana, la reducción y la gestión de riesgos para la salud, especialmente en países en desarrollo. La crisis de la COVID‑19 demostró lo caro que puede salir descuidar este tipo de indicadores.
La pandemia de coronavirus interrumpió bruscamente décadas de progreso: millones de personas retrocedieron a la pobreza extrema, se alteraron los sistemas alimentarios, se cerraron escuelas para más de mil millones de niños, se frenaron campañas de vacunación en decenas de países y se tensionaron los sistemas sanitarios. Desde la óptica del desarrollo, invertir antes en prevención de pandemias probablemente habría tenido un impacto mayor en educación, economía y salud que muchas políticas sectoriales aisladas.
A raíz de la COVID‑19, se ha empezado a hablar con más fuerza de un “presupuesto de riesgo” a largo plazo, una idea popularizada por el filósofo Toby Ord. La tesis es que el periodo actual de riesgo antropogénico —es decir, generado por la propia humanidad, entre otros por las tecnologías avanzadas y la globalización— es insostenible: podemos tener suerte durante un tiempo, pero si mantenemos las mismas probabilidades anuales de catástrofes globales, antes o después alguna de ellas se materializará con consecuencias existenciales.
En este contexto, la sostenibilidad no es solo conservar ecosistemas o estabilizar el clima, sino proteger el potencial a largo plazo de la humanidad. Eso exige identificar mejor los riesgos que hemos pasado por alto —desde nuevas pandemias hasta riesgos ligados a tecnologías emergentes—, decidir explícitamente qué nivel de riesgo estamos dispuestos a aceptar y desarrollar políticas para reducirlo de forma rápida y sostenida.
La EIRD: visión, prioridades y mecanismos
La Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres opera como una plataforma internacional que articula esfuerzos de gobiernos, organismos de la ONU, sociedad civil, sector privado y mundo académico. Su visión, como se ha señalado, es dotar a las sociedades de capacidad para resistir y adaptarse a peligros naturales y desastres tecnológicos y ambientales.
Para concretar esa visión, la EIRD identifica cuatro campos de trabajo prioritarios. El primero es la concienciación pública: sin una ciudadanía informada, que entienda los riesgos y las opciones para reducirlos, es difícil que se generen presiones políticas suficientes y cambios de comportamiento duraderos. Esta línea incluye campañas de información, incorporación de la reducción de desastres en los programas educativos de todos los niveles y formación continua en gestión del riesgo para diferentes grupos de edad y perfiles profesionales.
El segundo eje es el compromiso de las autoridades públicas. No basta con declaraciones; se requieren decisiones concretas: revisar marcos legales y normativos, introducir componentes de reducción del riesgo en todos los planes de desarrollo, establecer incentivos económicos y fiscales para la mitigación local, evaluar la vulnerabilidad de infraestructuras críticas y someter a revisión periódica los avances y fracasos. También implica vincular mejor las estrategias de reducción de desastres con la implementación de la Agenda 21 y, por extensión, con las políticas de desarrollo sostenible.
El tercer eje son las alianzas multidisciplinarias e intersectoriales. Durante el DIRDN se crearon comités nacionales y puntos focales que demostraron la utilidad de disponer de plataformas donde convergieran distintos sectores (técnico, político, científico, comunitario). Hoy, con muchos más actores implicados, se insiste en reforzar redes subregionales, regionales e internacionales, y en integrar a gobiernos, empresas, universidades, ONGs y organizaciones comunitarias en esquemas de cooperación estables.
El cuarto pilar es el conocimiento científico y técnico. Los cambios tecnológicos de las últimas décadas han mejorado la predicción meteorológica, la vigilancia sísmica, la teledetección por satélite, la ingeniería resistente a desastres, las herramientas de alerta temprana y los sistemas de información geográfica. La EIRD apuesta por traducir estas capacidades en evaluaciones de riesgo más precisas, estándares comunes para cuantificar pérdidas, bases de datos coherentes y mecanismos de intercambio de información que faciliten la transferencia de tecnología, incluida la cooperación Sur‑Sur.
Además, la estrategia resalta algunas áreas de interés transversal: la vulnerabilidad específica de las personas pobres; la seguridad alimentaria y la salud; la gestión de ecosistemas; la planificación del uso del suelo, en particular en áreas rurales, montañosas, costeras y en megaciudades con urbanización informal; y el desarrollo de marcos legales nacionales, regionales e internacionales en materia de reducción de desastres.
Actores y alianzas: de Naciones Unidas al Banco Mundial
La implementación de esta agenda exige coordinar a muchos actores. Dentro del ecosistema de Naciones Unidas, el Equipo de Tareas Interinstitucional actúa como foro principal para formular estrategias y políticas de reducción de desastres. Está presidido por el Subsecretario General para Asuntos Humanitarios e integra agencias de la ONU, representantes de la sociedad civil y organizaciones regionales, con rotación periódica de miembros no onusianos para garantizar diversidad y continuidad.
Sus funciones incluyen identificar lagunas en políticas y programas, proponer acciones correctivas, asegurar la complementariedad entre agencias, ofrecer asesoría estratégica a la secretaría de la EIRD y convocar grupos de trabajo ad hoc sobre temas específicos. A partir de ahí, promueve iniciativas operativas que se ejecutan bajo el liderazgo de las organizaciones miembros, buscando siempre sinergias.
La secretaría de la EIRD, por su parte, actúa como punto focal administrativo y técnico, con un equipo reducido financiado por contribuciones voluntarias. Coordina estrategias y programas dentro del sistema de Naciones Unidas, impulsa campañas globales de sensibilización, gestiona la recopilación y difusión de información y apoya a los comités nacionales en sus labores de promoción y formulación de políticas. Para ordenar su trabajo, elabora planes estratégicos anuales de acción.
Fuera de la ONU, el Banco Mundial desempeña un papel central. A través del Fondo Mundial para la Reducción de los Desastres y la Recuperación (GFDRR), se ha posicionado como uno de los motores en la integración del riesgo de desastres y el riesgo climático dentro de la agenda de desarrollo y de financiación. El GFDRR impulsa, por ejemplo, la comunidad mundial “Understanding Risk”, una red de expertos orientada a innovar en la evaluación y gestión de riesgos.
El Banco Mundial y el GFDRR colaboran con organismos como la Oficina de la ONU para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR), la Organización Meteorológica Mundial, el PNUD, ONU Mujeres o el PNUMA. Estas alianzas combinan ventajas comparativas: capacidades técnicas, presencia en el terreno, poder de financiación o influencia política. Juntos desarrollan proyectos de adaptación al cambio climático, fortalecimiento de sistemas de alerta temprana, mejora de la gobernanza del riesgo y promoción de soluciones basadas en la naturaleza.
La cooperación se extiende también a otras instituciones internacionales y al sector privado. El GFDRR trabaja con la Agencia Espacial Europea para acelerar el uso de la observación de la Tierra en la gestión del riesgo, y con entidades financieras y aseguradoras a través del Programa de Ciudades Resilientes y de iniciativas como el Foro para el Desarrollo de los Seguros, la Alianza Mundial de Modelos de Riesgo o la Iniciativa del Índice de Resiliencia Mundial. El objetivo es canalizar financiación privada hacia inversiones en resiliencia y transferir conocimiento técnico de la industria del reaseguro a los gobiernos.
Las universidades y las organizaciones de la sociedad civil también son piezas clave. Centros académicos aportan investigación aplicada —como los estudios sobre seguridad frente a incendios en entornos construidos—, mientras que ONG y redes comunitarias trabajan en el terreno para reforzar la resiliencia local, impulsar soluciones basadas en la naturaleza o acompañar procesos de planificación participativa. Todo esto ancla la gestión del riesgo en la realidad cotidiana de las comunidades más expuestas.
Ambiente, ciencia y ética en la era de los grandes desastres
El interés social por el medio ambiente y los desastres se ha disparado en el siglo XXI. La combinación de eventos extremos, degradación ecológica visible y difusión inmediata de imágenes impactantes ha generado una mayor conciencia colectiva sobre los efectos del modelo de desarrollo industrial de las últimas décadas.
Investigadores como Joaquín Tintoré han subrayado la enorme complejidad del sistema ambiental del planeta, del que solo empezamos a entender algunos procesos fundamentales. En este contexto, preguntarse “qué hay de natural en un desastre natural” no es un mero juego de palabras, sino una forma de cuestionar nuestro papel como sociedad en la generación y amplificación de estos eventos y en la protección del bienestar de las generaciones futuras.
El papel de la ciencia también ha cambiado. Ya no se limita a describir fenómenos; se le pide que anticipe riesgos, proponga soluciones, colabore con comunidades y decisores políticos, y contribuya a construir un marco ético para el desarrollo sostenible. La ciencia de riesgos —climáticos, tecnológicos, sanitarios— se convierte, así, en una herramienta imprescindible para diseñar políticas que no solo busquen crecimiento económico, sino que mantengan abierto el futuro de la humanidad en condiciones de seguridad razonables.
Esta dimensión ética conecta con el núcleo mismo del desarrollo sostenible: disfrutar hoy de un nivel de bienestar digno sin hipotecar el de quienes vendrán. En materia de desastres, eso implica reconocer que la inacción tiene coste moral: cada vez que se permite que comunidades enteras sigan instaladas en laderas inestables, cauces de inundación o barrios precarios sin servicios básicos, se está aceptando un nivel de riesgo que, tarde o temprano, pasará factura.
En definitiva, la gestión de desastres y el desarrollo sostenible forman parte de una misma conversación sobre cómo queremos organizar nuestras sociedades en un planeta finito, sometido a fuerzas naturales poderosas pero también a decisiones humanas que pueden amplificar o reducir la tragedia. El reto pasa por integrar de forma honesta y ambiciosa la reducción del riesgo en todas las políticas de desarrollo, ampliar el foco más allá del clima para incluir pandemias y riesgos tecnológicos, reforzar la cooperación entre instituciones y comunidades, y asumir que la verdadera sostenibilidad implica también gestionar con responsabilidad el riesgo que estamos dispuestos a correr como humanidad.
